El sector del transporte de Bolivia endureció su posición frente al Gobierno nacional. Tras un ampliado nacional, los dirigentes del rubro fijaron un plazo de 15 días para que el Ejecutivo responda a un pliego de demandas y convoque una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz. Si no hay respuesta en ese plazo, el sector amenazó con dejar de pagar impuestos, peajes y sus obligaciones bancarias, una medida de presión que golpearía directamente al sistema financiero y a las arcas del Estado.

Entre los principales reclamos figura la emisión de un decreto que habilite la libre importación de vehículos y repuestos, además de garantías de seguridad jurídica para los importadores del sector. Los transportistas también piden modificaciones a la normativa tributaria vigente, incluida la elaboración de un nuevo Código Tributario con la participación de especialistas propuestos por el propio gremio. El dirigente de Transporte Pesado, Domingo Ramos, resumió el reclamo señalando que buscan respuestas claras del Gobierno frente a estas exigencias.

El dólar flexible ya golpea los costos de operación

Más allá de las demandas normativas, el sector expresó una preocupación inmediata: el incremento del costo de los repuestos, que atribuyen directamente a la reciente flexibilización del tipo de cambio del dólar. Por esa razón, los transportistas solicitaron además una reunión específica con el ministro de Economía para abordar el impacto de esa medida cambiaria sobre sus costos operativos.

Esa preocupación fue reforzada por el máximo ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, quien señaló que los importadores subieron de manera significativa el precio de los repuestos, un fenómeno que afecta directamente los costos de mantenimiento de los vehículos del sector. Tancara advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el gremio se vería obligado a actualizar su estudio técnico de costos, lo que podría derivar en una nivelación de las tarifas del transporte público.

La presión de fondo, con la puerta del diálogo aún abierta

Pese al tono de advertencia, ambos dirigentes remarcaron que el sector prefiere esperar una respuesta formal del Gobierno antes de recurrir a nuevas medidas de presión. La amenaza de incumplir con el pago de impuestos, peajes y créditos bancarios se plantea, por ahora, como un límite condicionado al silencio o la falta de una reunión efectiva con las autoridades, más que como una medida de aplicación inmediata.

El planteamiento se produce en un contexto de sensibilidad económica particular para el país, marcado por el reciente paso a un régimen de tipo de cambio flexible y por la persistencia de otros conflictos sectoriales no del todo resueltos en los últimos meses, lo que añade presión a un Gobierno que enfrenta de manera simultánea múltiples frentes de negociación con distintos sectores productivos y sociales.

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