El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibe este jueves, 3 de septiembre, el informe elaborado por la Misión de Alto Nivel que visitó Bolivia para evaluar la crisis política y social provocada por 53 días de movilizaciones y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La exposición está incluida en la sesión ordinaria convocada para las 14:30, hora boliviana, en el salón Simón Bolívar de la sede del organismo en Washington, y reunirá a representantes de los 34 Estados miembros activos de la OEA.
El informe es resultado de la misión que llegó a La Paz los días 29 y 30 de julio, después de que la Asamblea General de la OEA aprobara una resolución de respaldo al orden democrático boliviano y llamara a resolver las diferencias mediante el diálogo. La delegación estuvo liderada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y contó con la participación de representantes de Panamá, Argentina, Canadá, Chile, Perú y Uruguay, además del subsecretario adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Hanky. Durante su estadía, la comitiva sostuvo reuniones con el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y con representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial, además del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Fiscalía General del Estado.
Al concluir su visita, la misión de la OEA fue enfática al calificar de "inaceptable" que Bolivia haya atravesado 53 días de bloqueos. "Lamentamos lo que vivieron en mayo y junio. Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y disrupción de servicios esenciales, pero esa no es la Bolivia que conocemos", manifestó Ramdin, quien remarcó que el costo social, económico, financiero, personal y reputacional para el país "ha sido muy alto" y que su reparación tomará tiempo. El secretario general reiteró además el respaldo del organismo al Gobierno constitucional de Paz y llamó a que los resultados electorales sean respetados por todos los sectores.
Los bloqueos, impulsados principalmente por la Central Obrera Boliviana, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y sectores vinculados al expresidente Evo Morales, se extendieron sobre todo en el occidente y el centro del país, y provocaron un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. Según el balance actualizado de la Defensoría del Pueblo, la crisis dejó 22 personas fallecidas y 88 heridas, una cifra considerablemente superior al reporte preliminar de 16 muertes que se manejó inicialmente. Del total de fallecidos, 19 fueron identificados como terceros afectados por la crisis, mientras que otros tres murieron en circunstancias vinculadas directamente con operativos de desbloqueo.
El impacto económico también fue significativo. La Cámara Nacional de Industrias informó a la misión de la OEA que las pérdidas superaron los $us 3.000 millones, con más de 13.000 industrias afectadas en distintos sectores productivos del país, un golpe que se sumó a una economía que ya atravesaba una fuerte crisis de escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles antes del inicio de las movilizaciones.
La presentación de este informe ante el Consejo Permanente de la OEA se produce en un momento en que Bolivia enfrenta un nuevo ciclo de tensión social, esta vez vinculado a los bloqueos en distintos puntos de Santa Cruz en rechazo al Decreto Supremo 5676 sobre el precio del diésel, lo que confirma que la conflictividad social continúa siendo uno de los principales desafíos para la gobernabilidad del Ejecutivo de Rodrigo Paz, casi diez meses después de su llegada al poder.
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