Entre los hallazgos más graves que motivaron esta oleada de denuncias figura el caso de la Planta de Biodiésel N.º 1, en el que YPFB Refinación S.A. y la empresa Agroindustrial del Este–Indueste S.R.L. firmaron dos contratos para la provisión de materia prima por un valor conjunto de Bs 1.058,4 millones. De ese monto, YPFB Refinación desembolsó Bs 788,6 millones en calidad de anticipos —cerca del 75% del valor total contratado—, pero la empresa incumplió sus compromisos y el contrato terminó siendo resuelto. El dinero no pudo recuperarse en su totalidad porque no existía una boleta de garantía, y el terreno agrícola que la empresa había puesto como respaldo resultó inembargable por estar categorizado como "pequeña propiedad". El daño económico identificado en este caso específico supera los Bs 871 millones.

El Viceministerio de Transparencia explicó que, en términos legales, las redes de corrupción detectadas dentro de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) son tipificadas como "asociaciones delictuosas", cuyo propósito central es defraudar al Estado de manera coordinada. Según la autoridad, estas estructuras no se limitan a los niveles directivos de las instituciones, sino que permean distintos niveles jerárquicos, incluyendo nexos con operadores de cisternas y proveedores del sector.

La magnitud de las denuncias coincide con la caracterización que el propio ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, hizo durante su interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. "Hay una mafia enquistada en Yacimientos (YPFB) y en la ANH, están contrabandeando con el suministro y con los combustibles", afirmó el ministro, al identificar esta corrupción interna como una de las razones primordiales detrás de las persistentes filas en los surtidores del país. Durante esa misma sesión, Blanco pidió disculpas públicas por la situación, pero remarcó: "Tienen que caer caiga quien caiga", y reveló que el Gobierno desplegó un operativo militar y policial con más de 300 efectivos para intentar frenar estas irregularidades.

El ritmo sostenido de denuncias derivó en decisiones concretas por parte del Gobierno. El presidente Rodrigo Paz confirmó ante la Asamblea Legislativa la intervención de YPFB, formalizada mediante el Decreto Supremo 5697, que dispone la intervención estatal temporal de la gestión de la estatal petrolera por hasta 180 días calendario, con el objetivo de fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes. Días después, el ministro Blanco confirmó que la misma medida se aplicará sobre la ANH. "La ANH va a ser intervenida también, como ha pasado con YPFB, porque ha habido varios manejos no adecuados en ambas instituciones", declaró el ministro, quien además anunció que el ente regulador será reemplazado por completo por una nueva institución antes de fin de año, como parte de un nuevo modelo de gobernanza para el sector hidrocarburífero boliviano.

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